El sistema judicial de Armenia ante una disyuntiva

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Uno de los factores importantes que atañe al modo de vida de la población armenia y al desarrollo futuro del país, es el establecimiento de un sistema judicial justo. La ciudadanía armenia pagó un precio muy alto por la falta de justicia y la aplicación desigual de la ley. A su vez, esta situación provocó que el país no lograra asegurarse inversiones. Muchos armenios de la Diáspora que habían realizado inversiones movidos por su amor a la patria, a menudo fueron víctimas de jueces corruptos y tribunales parciales. Aquel país en el cual no exista protección legal, es imposible que logre ganar la confianza de los inversores armenios y extranjeros. El patriotismo no es suficiente para inspirar a un individuo a que emprenda un proyecto económico en Armenia.

 

La falta de aplicación justa de la ley fue también una de las causas de la emigración. Incluso algunas familias que contaban con los medios de subsistencia para permanecer en el país, decidieron irse debido a las injusticias.

Una de las principales preocupaciones de la administración de Pashinyan hoy es regular el sistema judicial y, mediante la aplicación igualitaria de la ley para todos los ciudadanos, garantizar la salvaguarda de los capitales extranjeros.

 

La iniciativa del nuevo gobierno de regular el sistema judicial también se ganó la simpatía de los estados europeos. De hecho, cuando el jefe de la Unión Europea, Donald Tusk, visitó Armenia recientemente, durante una reunión con el primer ministro Nikol Pashinyan, anunció: “La Unión Europea felicita sus planes orientados a crear un sistema judicial independiente, funcional y responsable; un Estado de derecho estable es el elemento vital de una democracia madura y de un desarrollo económico y social. La Unión Europea continuará apoyando este proceso, proporcionando expertos y recursos financieros”.

 

A su vez, la Alta Representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, declaró que la organización asignará USD 28 millones a Armenia. Por lo tanto, la aplicación de la justicia no sólo mejorará la vida de los ciudadanos, sino que también asegurará el apoyo y la simpatía de los países europeos.

 

Sin embargo, la mejora del sistema judicial se ve obstaculizada por dificultades internas.

El principal problema gira en torno al Tribunal Constitucional. Es más, la depuración de los anteriores jueces del Tribunal Constitucional se ramifica, llegando hasta Europa.

 

Nikol Pashinyan tuvo la sabiduría de legalizar su posición política ganada a través de luchas callejeras, mediante la ratificación del Parlamento existente. Sin embargo, esa ratificación se ha convertido en una espada de doble filo respecto de las autoridades actuales. El gobierno de Pashinyan y sus defensores están tratando de dotar a los tribunales con nuevos jueces, y de hacer recapacitar a los antiguos jueces. Esta lucha está siendo librada principalmente contra el presidente del Tribunal Constitucional, Hrayr Tovmasyan.

 

Pashinyan inicialmente trató de contrarrestar los tribunales mediante movilizaciones populares, incitando a las masas a bloquear las entradas a los tribunales e interrumpir los procedimientos judiciales. Sin embargo, pronto se convenció de que, si bien llegó al poder de esta manera, no podía gobernar el país con los mismos métodos. Y hoy esa lucha se encuentra en punto muerto.

 

En este siglo, los medios para alcanzar objetivos políticos cambiaron por completo; para llegar al poder, las masas deben ser movilizadas, lo que Pashinyan implementó con éxito. Paralelamente a esas movilizaciones, Internet debe usarse profesionalmente para lograr desacreditar el poder vigente. En el caso de otros países, la aplicación de estos dos métodos son seguidos por una intervención armada externa. Afortunadamente para el caso de Armenia, el cambio de poder no alcanzó una fase sangrienta.

 

La lucha librada contra el presidente del Tribunal Constitucional continuará en la arena política y a través de los medios de comunicación. La acusación que más pesa sobre Tovmasyan es el hecho de pertenecer al antiguo régimen y el haber sido elegido por los anteriores parlamentarios. Los partidarios de Pashinyan apoyan la tesis de que la antigua Asamblea Nacional no era legal (o no legítima, tergiversadamente expresado).

Sin embargo, si la elección realizada por esa Asamblea Nacional no era válida o legal, también se violaría la base legítima del cargo de Pashinyan, elegido por la misma Asamblea Nacional.

 

El actual presidente del Tribunal Constitucional, Hrayr Tovmasyan, no sólo se obstina en permanecer en su cargo, sino que también busca enmarañar y ramificar la lucha mediante algunas iniciativas legales. Por otra parte, mientras Robert Kocharyan se proclama inocente en relación a los disturbios y asesinatos políticos de 2008 y se viste con el traje de prisionero político, Hrayr Tovmasyan apela ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, reclamando asesoramiento legal respecto de la acusación a Kocharyan. En efecto, este último está acusado de haber "alterado el orden constitucional en Armenia" de conformidad con la Ley 300-1 del Código Penal, el 1° de marzo. La Comisión de Venecia ya ha invalidado la acusación, aunque aún no ha emitido una resolución al respecto.

 

Entretanto, el segundo presidente de Armenia fue arrestado y dejado en libertad tres veces. Actualmente está detenido en prisión. Estos acontecimientos no testimonian positivamente la estabilidad del poder judicial. Tovmasyan considera que la concatenación de hostilidades contra él es una operación política, mientras otra integrante del Tribunal Constitucional, Alvina Gyulumyan, afirma que “el Tribunal Constitucional siempre estuvo por encima de las consideraciones políticas".

 

La actual Asamblea Nacional ha elegido dos nuevos jueces para el Tribunal Constitucional: Vahe Grigoryan y Arman Dilanyan, quienes dicen ser los únicos miembros legales del Tribunal Constitucional, exigiendo que los ocho jueces de antes, aún remanentes, renuncien.

 

Durante su entrevista con el medio “Azatutyun”, el primer ministro declaró que "los miembros del Tribunal Constitucional han comparecido ante el tribunal como resultado de una manipulación legislativa. La Armenia del 2019, debería tener un Tribunal Constitucional del 2019. Este problema es político y debe resolverse. Esto es con respecto a los siete miembros del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Hrayr Tovmasyan”.

 

Y el ex miembro del Tribunal Constitucional Kim Balayan respondió: "El Sr. Pashinyan no es abogado, y por lo tanto, no puede tener un pensamiento legal; él es una figura política, hizo una declaración política, pero desde mi profunda convicción, el aspecto legal debe estar asegurado antes de hacer declaraciones políticas. El cumplimiento de esa declaración, en este momento, la veo en un callejón sin salida".

 

Los adeptos al gobierno describen la situación como "una crisis constitucional", mientras que Tovmasyan declara que no existe ninguna crisis. Además, responde amenazantemente a las manifestaciones que sugieren que las autoridades pueden incluso poner a trabajar a las fuerzas del orden para hacerlo renunciar: "Si se confirman estas declaraciones, surgirá una situación muy peligrosa, y cualquiera que apele a una medida semejante, deberá rendir cuentas, sin importar qué cargo tenga".

 

Armenia, que se dirige hacia una democracia genuina, debe aplicar la ley de la democracia. Ciertamente, las autoridades de los países democráticos operan mediante tres palancas diferentes, que son independientes entre sí y se contrabalancean mutuamente: estructuras legislativas, ejecutivas y judiciales. En particular, el poder judicial funciona con total independencia. Los poderes cambian, pero los jueces del Tribunal Constitucional permanecen en el poder hasta el final de su competencia (en los EEUU, son vitalicios).

 

En el caso de Armenia, existen razones y pretextos detrás del proyecto de reformas del sistema judicial.

La razón del cambio es que se hizo necesario establecer una situación legal justa. Los opositores, por otro lado, señalan que las autoridades utilizarán la excusa para apoderarse del sistema legal, luego del legislativo y el ejecutivo. En este caso, el país se dirigirá hacia una autocracia como resultado de la ausencia o desintegración de los anillos de contrapeso del poder.

 

Para advertir contra este peligro, el 22 de julio los siete partidos publicaron un informe que decía: "La independencia y la particularidad de los sistemas legislativo, ejecutivo y judicial son condiciones obligatorias para evitar la concentración de poder en manos de una sola fuerza política, que es una de las principales precondiciones para el establecimiento de una autocracia en el país. A este respecto, cualquier intento de ejercer influencia en los tribunales y jueces por parte de las autoridades políticas es inadmisible”.

 

La advertencia anterior fue justa y apropiada, de lo contrario, Europa sería la primera en condenar a nuestro país, apenas iniciada su amigable referencia. De lo contrario, si esta lucha se politiza y se desvía de su curso legal, las aspiraciones democráticas de Armenia estarán ciertamente en peligro.

 

Algunos círculos de la corte han calificado a esta apelación "plan kochariano". Para ganar un juicio en el Imperio Otomano, a cualquier turco le hubiera bastado con acusar al armenio que enfrenta, afirmando "insultó mi religión". Hoy en día no hay necesidad de desacreditar a ninguna persona o grupo mediante una prueba adicional; es suficiente adjuntar el nombre de Kocharyan y uno ya tiene ganado el juicio.

 

Armenia realmente necesita reformar su sistema judicial. Georgia lo intentó y pareciera que al apurarla se perjudicó aún más. Azerbaiyán, por su parte, no necesita la democracia.

Armenia debe avanzar con pasos moderados y realistas hacia el estado de derecho, distinguiendo la causa del pretexto.

 

 

Editorial del semanario “Baikar” del RAG, Boston, EEUU

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