¿Por qué Paylan y Günay se vieron obligados a interrumpir su exitosa gira latinoamericana?

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La sorpresiva interrupción de la exitosa gira sudamericana que estaban llevando a cabo los diputados Garo Paylan y Ebru Günay, obedece a múltiples razones exclusivamente ligadas a las políticas internas y externas del Gobierno turco. Algunas, muy puntuales, fueron desarrolladas por los parlamentarios en su declaración conjunta (ver nota) a las comunidades sudamericanas antes de emprender el retorno a su país.

 

 

Sin embargo, existen muchas otras causas que se remontan a un pasado no muy lejano, que son objeto permanente de cobertura y análisis por parte de casi todos los medios internacionales, y que justifican plenamente la labor pro democrática desarrollada por los diputados Paylan y Günay en su país. Casi todos los medios de prensa nacionales e internacionales – Telam, ABC, Europapress, El País, DW, etc.- se han hecho eco de los últimos sucesos que confirman, una vez más, el desprecio del Gobierno turco por los principios más elementales y los valores universales democráticos.

 

Hoy, temprano por la mañana, las alcaldías metropolitanas de Diyarbakir, Van y Mardin –las tres ciudades con mayor población kurda-, cuyos alcaldes pertenecen al partido Democrático de los Pueblos (HDP) de orientación prokurda, fueron intervenidas por el Gobierno turco mediante la irrupción de numerosas brigadas de choque de la policía, por sus supuestas conexiones con el grupo armado kurdo PKK.

Los empleados de las Alcaldías no pudieron ingresar a causa del bloqueo de las entradas con barricadas y rejas, siendo anoticiados por los agentes que el Ministerio del Interior, que ordenó intervenir la administración local y cesar a los alcaldes de sus funciones. Dilek Okay, consejera del primer edil de Mardin, manifestó: “Los agentes forzaron las puertas de la Alcaldía y de todos los despachos; nos comunicaron que están investigando. A mí me exigieron las contraseñas de mis redes sociales y ya tomaron el control del edificio”.

 

 

Por otro lado, 418 personas fueron detenidas en 29 provincias de Turquía, incluidas Diyarbakir, Van y Mardin, en el marco de una investigación contra el entramado urbano del PKK, incluido en la lista de organizaciones terroristas de Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Por el momento, se desconoce si estas detenciones están relacionadas con la operación contra las alcaldías. Según un comunicado del Ministerio del Interior, las funciones de los alcaldes depuestos fueron asumidas por las respectivas delegaciones provinciales del Gobierno. La medida parece una reedición de la tomada entre 2016 y 2017 cuando 94 de los 105 alcaldes del HDP fueron relevados de sus funciones por orden administrativa y sustituidos por interventores designados por el Gobierno central.

 

Antes de las elecciones municipales del pasado 31 de marzo, el presidente turco, Reçep Tayyip Erdoğan, había amenazado que repetiría la jugada: “Si en estas elecciones sale de las urnas alguien involucrado en actividades terroristas, no esperaremos. Inmediatamente, nombraremos a un interventor”. Y, de hecho, tras los comicios, la Comisión Electoral se negó a otorgar el bastón de mando a 8 alcaldes de distrito elegidos en las listas del HDP alegando que anteriormente habían sido purgados de la administración. En su lugar, entregó estos ayuntamientos al segundo candidato con más votos, todos ellos de la formación que dirige el presidente Erdoğan, el partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), algo que fue criticado por el Consejo de Europa como “contrario a los principios de la democracia”.

 

 

Los alcaldes de Diyarbakir, Adnan Selçuk Mizrakli, de Van, Bedia Özgökçe Ertan, y de Mardin, Ahmet Türk, gobiernan sobre una población de más de 3,6 millones de personas y fueron elegidos con entre el 54 y el 63 % de los votos, frente a los candidatos del AKP. Excepto Türk, que repitió, los otros son nuevos candidatos, pese a lo cual el Ministerio del Interior arguyó que en los apenas cuatro meses en el cargo han convertido la alcaldías en “centros de apoyo financiero y logístico para actividades terroristas”.

 

Dilek Okay desmintió estos puntos: “No tenemos constancia de ningún funeral de militantes del PKK en que haya participado el alcalde de Mardin y no hemos podido contratar a más gente porque tenemos un presupuesto limitado. Tampoco es cierto lo que afirma el Ministerio de que hayamos hecho mobbing a los empleados contratados por el interventor en la anterior etapa”. Tras recuperar en las urnas las alcaldías intervenidas, el HDP se quejó de que los interventores habían dejado importantes agujeros en las cuentas municipales con gastos superfluos como lujosas reformas de los despachos de los alcaldes o grandes gastos por comidas. “Nuestra legislación afirma que todo sospechoso es inocente hasta que las acusaciones se demuestren en un tribunal, y aquí no hay decisión judicial. Por tanto, esto es ilegal”, denuncia la consejera de Mardin.

 

Mizrakli, el alcalde de Diyarbakir, aseguró que de las nueve investigaciones que se citan como razón para deponerlo -y que lo acusan desde “propaganda de organización terrorista” a “ser miembro y dirigente” de ella- “no tenía noticia” de la mayoría de ellas. “La víctima es la democracia en Turquía. Se están ignorando las elecciones del 31 de marzo y la voluntad de millones de personas. Nadie debe callar ante esta injusticia”, denunció.

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